No sólo son las administraciones públicas las que se lo pasan por el forro. El problema es que, como se puede leer (y yo no soy abogado, ni experto en derecho), se da una guía de los puntos de recarga que debe haber por cada x plazas de parking, hasta ahí, perfecto, pero no existe un régimen sancionador en caso de que no se cumpla, con lo que el resumen es: "qué si quieres arroz, Catalina".
