No, no ayuda para nada. ¿Por qué? Porque hablamos de una tecnología incipiente, donde hay mucho que investigar, analizar, invertir, innovar, abaratar, etc... antes de dar con la mejor opción. Obligar a hacerlo de una forma concreta es precisamente poner trabas a que eso suceda. La transición eléctrica necesita seguir innovando y mejorando. Está muy lejos de su madurez. Ese camino requiere de fuertes inversiones y obligar a hacerlas de una forma concreta eleva el coste de forma más que relevante. Tanto el coste monetario como el de oportunidad. Es un error grave, propiciado por los lobbys de siempre, cercenar la innovación o impedirla poniendo barreras monetarias.
Es el consumidor el que tiene que tener la última palabra en la adopción de nuevas tecnologías, no el regulador (que además de influenciable y corrupto, suele ser incompetente, dominado por políticos con intereses individuales y falta de conocimientos concretos). Si tú crees que el CCS es la mejor tecnología, pues no te compres un coche que no la ofrezca. Así se vota.
Precisamente este caso es un caso de libro, con una regulación que ha impedido que una marca que lo apuesta todo a la movilidad eléctrica pudiera hacerlo sin tener que solicitar una excepción (lógicamente concedida, tras un largo periodo administrativo, porque es obvio que es una normativa sin sentido). Mientras tanto, el resto de fabricantes, sin mover un dedo, descojonándose de la risa.
La normativa, además, es de todo, menos lógica, con lagunas como la que he mencionado (entre otras muchas).
