Por una vez, lo de la corrupción del alcalde me parece completamente disparatado.
1) En primer lugar, que yo sepa en Atalaya hay 8 puestos de Tesla, no 15. Me parece recordar que además hay de otras marcas, pero no son de Tesla.
2) Los cargadores atraen gente a la gasolinera para comprar los típicos productos que se venden en una gasolinera. Y sobre todo atraen gente a la cafetería del área de servicio, que es bastante grande. Todo esto genera puestos de trabajo, no muchísimos pero sí algunos. No sé si las personas que ocupan estos puestos viven en Atalaya o en los pueblos de al lado, pero desde luego no viven en La Coruña.
3) El área de servicio está relativamente lejos del pueblo de Atalaya. No veo que molestias o que perjuicios puede causar a los que vivan en el núcleo urbano.
4) El primero que decide si se instalan o no los cargadores es el propietario del terreno. Luego tienen que dar sus respectivas autorizaciones el Ayuntamiento, carreteras, medio ambiente, industria, la compañía distribuidora, y probablemente algún que otro organismo más. En teoría, todos estos entes están obligados a conceder la autorización. En el caso del ayuntamiento, se pueden ubicar en suelo no urbanizable instalaciones de servicio público, y esto es un servicio público especialmente incentivado por el gobierno, como demuestran las subvenciones. No creo que ninguno de estos entes pueda denegar la autorización, salvo Medio Ambiente hay algún tipo de flora o fauna que sea necesario proteger, cosa que no parece que ocurra en ese terreno. Lo que sí pueden es poner pegas y dar largas, todas las que quieran, porque la legislación no es tajante. Así va el ritmo de desarrollo de la infraestructura de recarga en este país. Por tanto, si es necesario sobornar a alguien para acelerar la puesta en marcha de un cargador - cosa que no me consta que haya pasado ni en Atalaya ni en ningún otro sitio - sería necesario hacerlo con media provincia.